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El Tribunal Constitucional reconoce el derecho a comunicar información veraz en casos de supuesta violación a menores
FUENTE: Tribunal Constitucional
http://www.tribunalconstitucional.es/STC2000/1999-154.PDF
 
La sentencia anula la condena a ABC por varias informaciones en relación con supuestas violaciones de varias alumnas, menores de edad y deficientes mentales. El caso concluyó con la excarcelación del inculpado y la decisión judicial de dejar sin efecto el procesamiento.

 

Sala Primera. STC 154/1999, de 14 de septiembre de 1999
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3.454/95, interpuesto por "Prensa Española, S.A."y doña Sara Caldero Prieto, representados por el Procurador de los Tribunales don Francisco García Crespo y asistido por el Letrado don Alfonso Vázquez Guillén contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 26 de julio de 1995, que desestima el recurso de casación formulado frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de enero de 1992 revocatoria de la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid, sobre demanda de protección civil de los derechos al honor, a la propia imagen y la intimidad personal.
[...]
 
El presente recurso de amparo, promovido por la entidad mercantil "Prensa
Española, S.A.", editora del diario "ABC", y doña Sara Caldero Prieto, reprocha a la Sentencia dictada por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid el 24 de enero de 1992, y a la pronunciada en casación por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el 26 de julio de 1995, confirmatoria de la dictada en apelación (recaídas en el proceso civil seguido por el cauce de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen), haber conculcado el derecho fundamental a emitir libremente información, garantizado por el art. 20.1 d) de la Constitución, al entender, discrepando de la Sentencia de primera instancia, que la publicación en dicho diario de varios artículos constituyó una intromisión ilegítima en el honor y en la intimidad personal y familiar de Don Onésimo Juncos Rabadán, demandante en el mencionado proceso civil. Así también lo entiende el Ministerio
Fiscal en sus alegaciones, al estimar que fue adecuada y jurídicamente correcta la ponderación de derechos realizada en las mencionadas Sentencias.
[...]
 
La cuestión planteada atañe, pues, a la delimitación entre libertad de
información reconocida en el art. 20.1 d) C.E. y el derecho al honor garantizado por el art. 18.1 de la Norma suprema.
[...]
 
La STC 28/1996 enuncia de forma condensada, pero expresiva, los dos inexcusables requisitos para que el ejercicio del derecho a la libre información goce de protección constitucional, al decir: "Forma parte ya del acervo jurisprudencial de este Tribunal el criterio de que la comunicación que la Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública (SSTC 6/1988, 171/1990, 219/1992 y 22/1995)".
Han de concurrir, pues, los dos mencionados requisitos, a saber: que se trate de difundir información sobre un hecho noticioso o noticiable, por su interés público, y que la información sobre tales hechos sea veraz. En ausencia de alguno de ellos la libertad de información no está constitucionalmente respaldada y, por ende, su ejercicio podrá afectar, lesionándolo, a alguno de los derechos que como límite enuncia el art. 20.4 C.E., singularmente y por lo que al caso atañe, los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, conclusión ésta que estableció la jurisdicción civil en las Sentencias antes citadas y de las que trae causa este amparo.
A lo anterior hemos de añadir que, como han establecido las SSTC 165/1987 y
105/1990, la protección constitucional de la libertad de información "alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción", circunstancia que, sin duda, concurre en el caso presente.
[...]
 
A la vista de la información periodística extractada en el anterior fundamento,
no es cuestionable la concurrencia del primero de los enunciados requisitos, a saber: que la información tenga por objeto hechos que, ya sea por la relevancia pública de la persona implicada en los mismos, ya sea por la trascendencia social de los hechos en sí mismos considerados, puedan calificarse como noticiables o susceptibles de difusión, para conocimiento y formación de la opinión pública. Esta exigencia ha sido reiteradamente establecida por la doctrina de este Tribunal, que ha estimado la existencia de acontecimientos noticiables en los sucesos de relevancia penal (SSTC 178/1993 y 320/1994), y ello con independencia del carácter de sujeto privado de la persona afectada por la noticia (STC 320/1994), apreciándose, asimismo, que la relevancia pública de los hechos ha de ser también reconocida respecto de los que hayan alcanzado notoriedad (STC 3/1997).
[...]
 
El requisito esencial, cuya existencia niegan las Sentencias impugnadas, es el de
la veracidad de la información, exigido por el art. 20.1. d) C.E. Para determinar si la información difundida por los reportajes periodísticos publicados en el diario "ABC", en su sección de sucesos, se atuvo o no al requisito constitucional de veracidad, será oportuno traer a colación, siquiera sea de modo sucinto, la doctrina de este Tribunal recaída en torno al mismo.
En tal sentido, ha de recordarse que la veracidad a que se refiere el art. 20.1 d) C.E. no debe identificarse con la idea de objetividad, ni con la "realidad incontrovertible" de los hechos, pues ello implicaría la constricción del cauce informativo a aquellos hechos o acontecimientos de la realidad que hayan sido plenamente demostrados (SSTC 143/1991, 41/1994, 320/1994 y 3/1997, entre otras). Como ha dicho la STC 144/1998: "El requisito constitucional de la veracidad de la información ex art. 20.1 d) C.E., no se halla ordenado a procurar la concordancia entre la información difundida y la verdad material u objetiva de los hechos narrados, de manera tal que proscriba los errores o inexactitudes en que pueda incurrir el autor de aquélla, sino que, más propiamente, se encamina a exigir del informador un específico deber de diligencia en la búsqueda de la verdad de la noticia y en la comprobación de la información difundida, de tal manera que lo que transmita como hechos o noticias haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos o con fuentes informativas de solvencia".
La exigencia constitucional de veracidad, predicada de la información que se emite y recibe, guarda relación con el deber del informador de emplear una adecuada diligencia en la comprobación de la veracidad de la noticia, de manera que lo transmitido como tal no sean simples rumores, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, sino que se trate de una información contrastada "según los cánones de la profesionalidad", y ello, insistimos, con independencia de que la plena o total exactitud de los hechos sea controvertible (SSTC 6/1988, 105/1990, 320/1994, 6/1996 y 3/1997).
El nivel de diligencia exigible al informador adquiere una especial intensidad "cuando la noticia divulgada pueda suponer, por su propio contenido, un descrédito de la persona a la que la información se refiere, como dijimos en la STC 240/1992, pero es indudable que cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o identidad de la fuente,
máxime si ésta puede mencionarse en la información misma" (STC 178/1993, fundamento jurídico 5º).
[...]
 
Las Sentencias impugnadas estimaron que existió, por parte de los periodistas y del medio que difundió la información, una extralimitación en el ejercicio de su derecho fundamental a la libre emisión de aquélla ya que, pese al interés del hecho noticiable, los reportajes periodísticos enjuiciados "no se limitan a narrar hechos de veracidad comprobada, sino a formular numerosos juicios de valor que, no ya subliminalmente, sino de forma abierta y frontal, presentan ante la opinión pública a la persona objeto de dichas informaciones como autor real y verdadero de las supuestas violaciones que estaban siendo objeto de investigación policial y judicial" (fundamento jurídico 7º de la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo), añadiendo, entre otros extremos, que la utilización del adjetivo "presuntamente" no desvirtúa la rotunda afirmación (de los periodistas) sobre la certeza de la autoría de los supuestos hechos delictivos, y que se emitió, asimismo, un juicio de valor sobre la culpabilidad del mencionado profesor cuando, en la publicación del día 19 de octubre de 1986 se hace referencia a que "los demás profesores del centro están tratando de tapar al inculpado", y todo ello siendo así que la imputación formulada contra el Sr. Juncos Rabadán quedó totalmente desvirtuada al dejar el Juzgado sin efecto su procesamiento, resolución judicial después confirmada por la Audiencia Provincial de Pontevedra.
 
Expuesta la ponderación judicial realizada acerca de los derechos fundamentales objeto de adecuada delimitación (derecho al honor y libertad de información veraz), debemos verificar ahora, conforme a la expuesta doctrina constitucional, si por parte de los periodistas y del medio de comunicación que difundió la noticia se dio cumplimiento a la exigencia constitucional de veracidad de la información, ajustándonos al sentido y alcance del art. 20.1 d) C.E., lo que implica constatar si los periodistas autores de los reportajes cumplieron con su deber de contrastación de aquélla, en qué grado y, en fin, si el nivel de diligencia observado se corresponde con el razonablemente exigido, en atención a las concretas circunstancias que rodearon el hecho noticiable.
[...]
 
Los concretos datos o elementos con los que contaban los periodistas eran el informe médico-forense sobre las menores del que se desprendía la existencia de manipulaciones en sus órganos genitales, las exploraciones de aquéllas realizadas en presencia de sus padres, las manifestaciones del Comisario de Policía que relataba las impresiones y opiniones que tenía sobre la realidad de la participación del inculpado en los hechos, y los Autos judiciales que acordaban su prisión provisional y su procesamiento.
 
Los anteriores elementos aparecen como relevantes en la medida en que permiten afirmar que los reportajes publicados en la sección de sucesos en torno al caso, fueron elaborados a partir de los datos procedentes de fuentes informativas serias y solventes, como las antes citadas, y no con la endeble base de simples rumores o más o menos fundadas sospechas impregnadas de subjetivismo. Tales datos objetivos, y muy singularmente las resoluciones judiciales adoptadas en fase sumarial por el Juez Instructor acordando la prisión preventiva y ulterior procesamiento de quien, como el Sr. Juncos Rabadán, aparecía, en principio, como inculpado, suministran respaldo suficiente para que no quepa hablar de una certeza en la imputación a aquél de la autoría de los hechos de los que se desprendía, en dicha fase procesal y mediante la formal inculpación del Instructor, que dicha persona podía ser, presuntivamente (como se afirma reiteradamente) el autor de la conducta objeto de persecución penal.
 
En consecuencia, en la delimitación del ámbito de los dos derechos fundamentales en tensión (derecho a la libre información y el derecho al honor de la persona objeto de la noticia periodística), no es constitucionalmente aceptable estimar que los informadores han incumplido el deber de diligencia en el desempeño de su labor, con apoyo exclusivo en el solo dato de que el resultado final de las investigaciones llevadas a cabo en el proceso penal haya sido distinto al expuesto o transmitido por los autores de la noticia, sobre la base de los elementos que en tal momento ponía de relieve el proceso penal en curso.
[...]
 
La Sala de casación ha estimado también vulnerado el derecho a la intimidad personal y familiar ex art. 18.4 C.E. Es cierto que, como por lo general ocurre en el periodismo de sucesos, en paralelo a la estricta descripción de los hechos, los informadores han incorporado otros elementos de juicio (opiniones de personas que lo conocían, de compañeros de trabajo, de padres de alumnos...) entre los que se encuentran concretas afirmaciones sobre aspectos de la vida personal y familiar de quien aparecía como protagonista de la noticia y que, en principio, pueden ser de interés para el lector en la medida en que permiten una mejor comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital. Cierto es también que algunos pasajes, así como el titular del reportaje elaborado por el enviado especial Sr. Domínguez, incurren en cierta desmesura y que, incluso, alguno de los datos incorporados podrían haberse narrado de otro modo.
 
Ahora bien, este último juicio valorativo en modo alguno puede servir, por sí sólo, para limitar el ejercicio de la libertad de información, máxime cuando los datos de carácter personal incorporados al reportaje, además de ciertos, no son enteramente ajenos o absolutamente irrelevantes para formar la opinión del lector acerca de quien, en el momento de escribirse el reportaje, se encuentra procesado por delitos de gravedad como los anteriormente descritos, a pesar del asombro que esta decisión judicial produce entre las personas que lo conocen o en el Centro educativo para el que trabaja.
 
Es claro, pues, que en ese particular contexto informativo, los contenidos del reportaje, incluidos los relativos a su vida sentimental, no supusieron una intromisión gratuita o innecesaria en la esfera de la intimidad personal y familiar del Sr. Juncos Rabadán. En efecto, en la STC 20/1992, fundamento jurídico 3º, se declaró que la relevancia comunitaria de la información es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman perturbaciones de la intimidad o molestias ocasionados por la difusión de una determinada noticia, de suerte que sólo cuando lo informado resulte de interés público puede exigirse a "quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad".
 
En el caso presente, y según se ha expuesto con anterioridad, no existe duda alguna sobre la trascendencia de la noticia y el interés general de la misma, por lo que, con arreglo a la doctrina expuesta, los tan puntuales como inocuos aspectos relativos a la esfera personal del Sr. Juncos Rabadán incluidos en el reportaje, encuentran respaldo suficiente en la protección constitucional que, en tales supuestos, se confiere al derecho a comunicar o recibir libremente información veraz.
 
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia:
 
1º. Reconocer a "Prensa Española, S.A." y a doña Sara Caldero Prieto su derecho a comunicar información veraz [art. 20.1 d) C.E.].
 
2º. Anular las Sentencias dictadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo el 26 de julio de 1995, y por la Audiencia Provincial de Madrid el 24 de enero de 1992.
 
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
 
Dada en Madrid, a catorce de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

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